Debe haber protección para mujeres y niñas en el país: PRI
Pide PRI en la Cámara de Diputados aprobar reformas a favor de la mujer y prohibir el matrimonio forzado entre niños
Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI destacaron la importancia de velar por el empoderamiento femenino en todos los ámbitos y de proteger los derechos de las niñas y las mujeres mexicanas. A través de un comunicado aseveraron que el mejor homenaje que se les puede hacer es impulsar los cambios necesarios para su seguridad, educación, salud y desarrollo.
En ese tenor, señalaron que desde el comienzo de los trabajos de la actual Legislatura, la fracción parlamentaria planteó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) denominarla "La Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad", por ser la primera que cuenta con representantes que permiten dar fe de la diversidad social del país, lo que fue aprobado el 26 de octubre pasado.
La bancada tricolor indicó que ha puesto especial énfasis en salvaguardar a las mujeres violentadas, al solicitar la obligatoriedad del Estado de prever recursos públicos que permitan la subsistencia de los albergues temporales para quienes sufren este flagelo, y así impedir que estos centros sigan cerrando por falta de apoyo gubernamental.
Los diputados del Revolucionario Institucional sostuvieron que también, buscan establecer como delito de violencia política contra las mujeres en razón de género el uso de nuevas tecnologías para manifestar expresiones de odio, discriminación o cualquier otro tipo de violencia moral hacia la precandidata o candidata y su familia, con objeto de menoscabar el ejercicio político o devaluar la imagen pública.
Los legisladores federales priistas recordaron que han propuesto reformas a la Ley para crear el Programa Nacional para la Salud de las Mujeres, cuyo fin es atender y prevenir las enfermedades que por cuestión biológica o natural son exclusivas de las mujeres.
Destacaron que ante la prevalencia del matrimonio forzado de menores, los diputados del PRI propusieron tipificar este hecho como delito, con una sanción de dos a cinco años de prisión y multa de 200 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Además, el autor del delito perdería la patria potestad, la tutela, la curatela, la adopción, el derecho de alimentos y el derecho que pudiera tener respecto de los bienes de la víctima, en términos de la legislación civil federal.
