Crimen organizado y servidores públicos, responsables de desapariciones: ONU
El organismo internacional considera a la impunidad que hay en México como un facilitador de las desapariciones forzadas
El Comité contra las Desapariciones forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) responsabilizó a los servidores públicos y al crimen organizado del creciente número de desapariciones forzadas en México.
Ante el panorama encontrado durante una visita realizada el año pasado, el Comité de la ONU recomendó a las autoridades mexicanas implementar acciones de manera inmediata para poner fin a la impunidad y una política nacional para prevenir las desapariciones forzadas.
“La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones en México, con diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”, informó el organismo.
“Los Estados parte son responsables de las desapariciones forzadas cometidas por los servidores públicos, pero también pueden ser responsables de las desapariciones cometidas por organizaciones criminales”, subrayó el Comité.
El organismo mostró su preocupación ante la situación que viven los defensores de los derechos humanos y los periodistas en el país, quienes han sido víctimas de desaparición forzadas y no han sido localizados por las autoridades.
Hasta el penúltimo mes del año pasado, en México había registradas 95 mil 121 personas desaparecidas. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas reveló que en los últimos cinco años se sumaron ocho mil casos de este delito de forma anual.
De acuerdo con el Comité, la “impunidad casi absoluta” que existe en el territorio mexicano facilita la creciente tendencia de desapariciones forzadas. Los datos recabados por la ONU muestran que, hasta noviembre de 2021, sólo entre el 2% y 6% de los casos de desaparición resultaron en procesos penales, y sólo se dictaron 36 condenas.
“Para que en México la desaparición deje de ser el paradigma del crimen perfecto, la prevención debe ser el centro de la política nacional para la prevención y erradicación de las desapariciones forzadas”, concluyó el Comité.