Grupo Vidanta, nuevo caso de conflicto de interés

En 2020 la empresa obtuvo la ampliación de varias concesiones para ocupar playas en espacio federal

En las últimas semanas el presidente de México Andrés Manuel López Obrador se ha visto envuelto en diferentes polémicas, desde el posible conflicto de intereses por una casa que su hijo mayor José Ramón López Beltrán habitó en la ciudad de Houston, hasta la agresión contra los periodistas y la exigencia de que hagan públicos sus ingresos. Ahora, a esto se suma un nuevo caso vinculado a Grupo Vidanta y, una vez más, a su primogénito.

De acuerdo con una investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en 2020 el consorcio turístico fundado por Daniel Chávez Morán, empresario, amigo y asesor del titular del Ejecutivo, recibió la ampliación por 15 años de una concesión para ocupar una playa. Además, se le otorgó un permiso para construir un teleférico que cruzará el río Ameca para conectar dos proyectos turísticos en los estados de Jalisco y Nayarit.

El reportaje destaca que en ese mismo año López Beltrán obtuvo una visa de trabajo para colaborar en Houston, Estados Unidos, con KEI Partners, empresa perteneciente a los hijos del fundador de Grupo Vidanta, quienes también han tenido participación en la firma turística.

Las suspicacias sobre un posible conflicto de intereses incrementan cuando en junio de 2020 Chávez Morán fue nombrado como representante de López Obrador en la supervisión del tramo del Tren Maya que circula por la Riviera Maya, zona en la que el conglomerado también cuenta con un conjunto de hoteles.

Al respecto, el presidente mexicano consideró que se le está difamando y cuestionó a la publicación, incluso hizo un llamado para que se compruebe su intervención en la sesión de permisos de ocupación de playas por parte de Grupo Vidanta.

“Esto es de lo más sucio, porque, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? No he visto el reportaje, pero habría que ver quién da los permisos, porque este grupo tiene hoteles en Jalisco, en Nayarit, en Guerrero, en Quintana Roo y si son los Gobiernos estatales, ¿qué tienen que ver los Gobiernos estatales de Jalisco, y el que estaba en Guerrero y en Quintana Roo con la 4T?”, comentó en conferencia de prensa desde Tijuana baja California.

“Y si es del Gobierno federal, a quién corresponde dar los permisos, qué dependencia y qué pruebas tienen de que yo, para favorecer a Daniel Chávez, ordené que le dieran los permisos, no hay nada de prueba, es una vil calumnia, es lo que hace el hampa del periodismo con la máxima de que la calumnia cuando no mancha, tizna”, agregó.

Grupo Vidanta y las playas concesionadas

La historia de Grupo Vidanta inició en 1974 en Mazatlán, Sinaloa, para posteriormente incrementar su presencia en el país con resorts en Acapulco, Puerto Vallarta, Riviera Maya, Los Cabos, entre otros destinos turísticos.

En 2005 obtuvo una concesión para utilizar 84 mil 447 metros cuadrados de playa federal en el municipio de bahía de Banderas, Nayarit. Dicha concesión vencía en mayo de 2020, por lo que fue renovada hasta el 2035, autorizada por Rodrigo Hernández Aguilar, director de Zona Federal Marítimo Terrestre.

Otra concesión fue otorgada a Desarrollo Marina Vallarta, empresa perteneciente al Grupo Vidanta, en la playa Boca de Tomates, Puerto Vallarta, Jalisco. En este caso la superficie fue de mil 816 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre y tres mil 224 metros cuadrados de terreno ganado al mar. La concesión caducaba en noviembre de 2019 y fue renovada por siete años más.  

Finalmente, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) también otorgó una tercera ampliación de concesión al consorcio en Playa Diamante, Acapulco, y otra al Desarrollo Inmobiliario Marina Vallarta, también en el puerto guerrerense.

Grupo Vidanta aseguró que, durante el actual sexenio no ha recibido ninguna concesión, sólo extensiones de las mismas, exceptuando una que se le adjudicó el 19 de abril del año pasado.

A través de un comunicado, Daniel Chávez también rechazó toda relación laboral de él y su familia, con cualquier nivel de gobierno y/o funcionario público. Añadió que su función como supervisor en la construcción del Tren Maya no se relaciona de ninguna manera con el proyecto, trazo o administración de la obra; sólo es para “tener una visión y medición fidedigna de los avances”, aseveró el empresario.